Madrid- La Ley de Igualdad propuesta por el Gobierno, que se tramita en la actualidad en el Congreso de los Diputados, cuenta con otra oposición más. Las empresas familiares rechazan de plano la «imposición» de cuotas en los consejos de administración. El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) muestra su desacuerdo en el último número de su revista corporativa, en la que, sin embargo, aplaude las intenciones de la nueva normativa.
   El IEF considera que «el liderazgo de las compañías no puede ser condicionado por un sistema de cuotas» y que en «los consejos de administración deben estar los mejores, los que acumulen mayor experiencia, conocimiento, visión estratégica, con independencia de su raza, sexo o religión».
   El Gobierno ha propuesto que las mujeres ocupen, como mínimo, el 40% de la representación de los órganos de gobierno de las empresas en el plazo de ocho años. Esta propuesta ha levantado ampollas en el mundo corporativo. La CEOE y el Consejo Económico y Social (CES) ha denunciado que la ley encierra una discriminación por género. Incluso algunas directivas, como Ana Patricia Botín, no han tenido reparo en rechazarla públicamente. La presidenta de Banesto defendió hace un mes el papel de la mujer en la alta dirección de las empresas, pero «por su talento, no por cuotas» y manifestó que ese papel debe apoyarse «desde abajo, no desde arriba».
   Incluso el Consejo de Estado se opone a la norma. Ultima un dictamen contrario a que la ley imponga la paridad en los consejos de administración de las empresas, pues la considera una intromisión insostenible jurídicamente.
   El IEF defiende la paridad mediante «prácticas de conciliación laboral» y no a través de «imposición de las normas», ya que, a su juicio, «pueden mermarla».
   «Ésta es la visión desde la que hay que trabajar. Difundir la competitividad que gana con la igualdad», sub- raya el organismo que agrupa algunas de las principales empresas españolas. El IEF agrega que el deber de las compañías es el de ser competitivas, generar empleo y riqueza y que «si, además, desean participar en un objetivo de carácter social deben poder hacerlo, pero de forma libre y voluntaria», informa Servimedia.
   «Inversión de carga». El Instituto de la Empresa Familiar critica también el «exceso de celo» que supone «permitir lo que jurídicamente se denomina inversión de carga»; es decir, cuando un hombre tiene que demostrar su inocencia ante denuncias de discriminación o acoso.
   «Existen delitos tan deleznables como el acoso sexual, pero a lo largo de la historia de la democracia, aun en momentos en que han generado gran alarma social, nunca se ha intentado combartirlos limitando la presunción de inocencia. Tampoco debería hacerse en este caso», dice.